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Divorcio y Separaciones Extranjeros en España

By divorcio separacion | Noviembre 7, 2007

Divorcio Separacion Consultas Telefono 952215859

Es posible que ciudadanos extranjeros que residen en España puedan separarse o divorciarse, siendo incluso aplicada su legislacion y siendo competentes los Juzgados de nuestro pais para decidir dicho asunto. A titulo de ejemplo citamos Sentencia Audiencia Provincial de Malaga 30 enero de 2006, Rollo 768, 2005 que trata este asunto:

Separación matrimonial de extranjeros residentes en España. Competencia de la jurisdicción española. El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder judicial establece que los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte….

En Málaga, a treinta de enero de dos mil seis.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio verbal especial procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Torrox, sobre separación conyugal, seguidos a instancia de Don Claudio contra Doña Elisa; pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada en el citado juicio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Uno de Torrox dictó sentencia de fecha 13 de junio de 2005 en el juicio de separación conyugal del que este Rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así:

,Estimando la demanda de separación interpuesta por la Procuradora Doña María Jesús Martín Acosta en nombre y representación de Claudio, contra Elisa, representada por la Procuradora Doña Mercedes Salar Castro, debo declarar y declaro la separación del matrimonio formado por Claudio y Elisa, celebrado el día 4 de noviembre de 1998 en la oficina del Registro del Distrito de Kendal en el Condado de Cumbria con todos sus efectos legales inherentes, acordándose las siguientes medidas:

Cesando la presunción de convivencia conyugal y quedando revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de ellos hubiera otorgado al otro.

Se atribuye el uso de la vivienda conyugal sita en CALLE000NUM000 de Torrox al cónyuge actor, Claudio.

Que no se hace expresa condena en costas a ninguna de las partes.”

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la representación de la demandada, el cual fue admitido a trámite dándose traslado del escrito en el que constan los motivos y razonamientos del mismo a la otra parte para que en su vista alegase lo que le conviniese. Cumplido el trámite de audiencia se elevaron los autos a esta Audiencia, y tras su registro se turnaron a ponencia quedando pendientes de deliberación y fallo.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Hipólito Hernández Barea. Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta resolución el día 23 de enero de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Aceptando los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

PRIMERO.- Considerando que la representación de la demandada al tomar la cualidad de apelante en esta alzada pidió la revocación de la sentencia recurrida y el dictado de otra que no diese lugar a la separación decretada en la instancia. En primer lugar alegó infracción de normas de procedimiento entendiendo que no eran competentes los tribunales españoles para conocer de la acción planteada en la demanda. Y sobre el fondo del asunto alegó que no se probaba suficientemente el derecho extranjero invocado. Subsidiariamente que en el derecho inglés no existe la separación matrimonial, sino que, al cumplirse las causas previstas en la Ley para el divorcio, el tribunal debe concederlo directamente. Añadió que, para el caso de que no se tuvieran en cuenta los anteriores argumentos, la demandada se oponía a la separación decretada por cuanto, si viven separados los cónyuges, no es por causa atribuible a la demandada, sino por el abandono del domicilio conyugal por parte del demandante. Y por último cuestionó también la atribución del domicilio sito en Torrox al demandante, pues no ha sido vivienda familiar y el Sr. Claudio tiene una vivienda de su propiedad en el Reino Unido. Por la representación del apelado se mostró oposición al recurso y se pidió la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios fundamentos de derecho. Alegó que ninguna de las excepciones, ni la procesal ni las de fondo, podían prosperar, ya que el Juzgado estimó de oficio precisamente su competencia, que por otra parte no fue cuestionada oportunamente a través de la declinatoria, y el fuero es el de Torrox al demostrarse la residencia de ambos cónyuges en dicha población al tiempo de interponerse la demanda. No se discute de contrario la aplicación del derecho sustantivo inglés al caso de autos, sino que se cuestiona que haya sido probado por el demandante, y es lo cierto que, en atención a lo que dispone el artículo 281 de la Ley Procesal , la norma aplicable aparece claramente expresada, sin que pueda, por otra parte, interpretarse en sentido que pretende la apelante, sino que no existe para el divorcio en la Ley británica un periodo previo de separación legal, pues al concurrir la causa puede decretarse el divorcio directamente.

SEGUNDO.- Considerando que señala el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder judicial que los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte. Añadiendo el artículo 22 que en el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes, con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España. Indicando el número 3º del precepto que, en defecto de los criterios precedentes y en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro. Extraña a esta Sala que la demandada insista ahora al apelar en la incompetencia de jurisdicción, que pidió sin relevancia en la instancia en el marco del juicio verbal, cuando no ha planteado en forma la declinatoria. No obstante y conforme a las normas referidas debe decirse que la residencia habitual común de los cónyuges es una noción de hecho que constituye una circunstancia objetiva que determina el lugar donde los consortes poseen su centro de vida familiar o donde residen intencionadamente y echan raíces familiares y económicas, y en este sentido se acredita que, al tiempo de la demanda, tanto el demandante, que lo hacía en una casa de alquiler, como la demandada, que fue emplazada en el domicilio familiar sito en Torrox, vivían en el partido judicial correspondiente al Juzgado ,a quo”. Las alegaciones de la demandada en torno a que el verdadero domicilio del matrimonio estaba en Inglaterra o a que el actor había usado el argumento de que ella residía fuera de España, contrastan con el domicilio facilitado por la demandada a la Guardia Civil con ocasión de una denuncia en fecha 30 de enero de 2005, o el facilitado a la Comisión donde solicitó Abogado de oficio en fecha 4 de febrero de 2005, ambos en Torrox en la casa propiedad de los cónyuges sita en la CALLE000 de dicha localidad y declarados personalmente por la hoy apelante pocos meses después de presentada la demanda que da origen a estas actuaciones. En consecuencia, entiende la Sala competentes a los Tribunales españoles para conocer de la acción que se ejercita en este proceso.

TERCERO.- Considerando que en relación, por tanto, con el fondo del asunto debemos destacar la remisión que el artículo 9º del Código Civil hace al artículo 107 del mismo texto legal , señalando primero que la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad, expresando después que dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. Y añadiendo que la nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107 . El actual contenido de este precepto del Código Civil - modificado por Ley 30/1981, de 7 julio , y posteriormente redactado por el artículo tercero tres de la Ley Orgánica 11/2003 de 29 septiembre , de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros - indica que la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado. En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España; cuando no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas; cuando en la demanda presentada ante Tribunal español la separación o el divorcio se pida por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro; o bien cuando las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público. Este precepto, referido a normas sustantivas, implica que el Tribunal español - que es competente como acaba de razonarse - ha de aplicar al caso presente la Ley nacional común a ambos cónyuges al presentar la demanda, que es la británica.

CUARTO.- Considerando que, en el marco de lo que es el objeto y la necesidad de la prueba, el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente establece que la prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso y que también serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. En este sentido entiende la Sala, como entendió el Juez ,a quo”, suficientemente acreditado el derecho inglés aplicable al caso de autos, en cuanto los preceptos de la ,Matrimonial Causa Act de 1973″ y de la ,Ley de la Familia de 1996″ aparecen debidamente transcritos en la certificación jurada y traducida, así como visada por el Consulado Británico, que ha sido aportada a los autos. Es evidente de lo actuado que ,el matrimonio ha fracasado irreparablemente” y que los esposos han llevado vidas separadas durante al menos dos años ininterrumpidos anteriores a la presentación de la demanda, pues el deterioro de su relación desembocó en la salida del demandante del domicilio familiar en diciembre de 2000, y en la presentación de una primera demanda de separación por parte del Sr. Claudio en febrero de 2002, siendo la que inicia este actual proceso de fecha 5 de noviembre de 2004. Concurre pues causa de separación legal conforme al derecho inglés, sin perjuicio de que concurra también causa directa de divorcio.

QUINTO.- Considerando que en relación con la medida complementaria de la separación, es decir, la atribución del uso de la vivienda común en tanto se liquida la comunidad patrimonial, de la que al parecer constituye el único objeto, debe confirmarse también lo dispuesto por el Juez ,a quo”, no por vincular lo dispuesto en sede de medidas provisionales, sino porque el demandante justifica su residencia actual en Torrox y precisamente en una vivienda de alquiler, mientras que la demandada - no concurriendo intereses más dignos de protección, como la existencia de hijos menores que necesitasen estar en el hogar familiar - consigna a la fecha de contestación a la primera demanda, mayo de 2002, su domicilio en Gran Bretaña, alegando estar accidentalmente en Torrox, y en la contestación en el juicio verbal a la demanda que encabeza estas actuaciones y en el escrito de recurso se opone sin más a la atribución del uso al Sr. Claudio, pero sin dar otro argumento distinto a la atribución de una vivienda al actor en el Reino Unido, o a que la de Torrox es propiedad del matrimonio y habría que liquidarla. Debiendo confirmarse íntegramente la sentencia recurrida, incluso en lo que dispone sobre las costas de la primera instancia, debe condenarse a la apelante al abono de las causadas en esta alzada al no prosperar el recurso y ser de aplicación en la materia a la apelación el artículo 398 de la Ley Procesal.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.

FALLAMOS

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Elisa contra la sentencia dictada en fecha trece de junio de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Torrox en sus autos civiles 568/2004 , debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución dando por reproducidos cuantos pronunciamientos contiene en su parte dispositiva y condenando expresamente a la parte apelante al abono de las costas causadas en esta alzada. Notifíquese esta resolución en legal forma haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella, al Juzgado de su procedencia a sus efectos.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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